UN OPERATIVO DE 400.000 EUROS PARA DETENER LA RAVE DE AÑO NUEVO EN ALBACETE QUE NO MOLESTABA A NADIE.

400.000 euros. Esa es la cifra que, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), costó el operativo desplegado para desalojar la Big Fucking Party en el Cenajo. Ocho días de intervención, cerca de 300 agentes movilizados, helicópteros, drones y decenas de vehículos para poner fin a una fiesta celebrada lejos de núcleos urbanos.

El despliegue se justificó por motivos de seguridad y protección del entorno. Sin embargo, sobre el terreno, las salidas fueron bloqueadas, se cortaron suministros y miles de personas quedaron encerradas durante horas, generando una situación que muchos asistentes califican de peligrosa y desproporcionada.

Los asistentes quisieron limpiar la zona tras la rave, pero no se les permitió: aun así regresaron días después, mientras un operativo de 400.000 euros acabó con 63 detenciones. 

El argumento ecológico también deja dudas. Como otros años, parte de los asistentes pretendía limpiar la zona antes de marcharse, algo que no se permitió. Aun así, días después, varios participantes regresaron para recoger residuos, dejando el entorno sin rastro del evento.

¿Es proporcional gastar cientos de miles de euros públicos para detener un baile que no molestaba a nadie? El debate que deja la rave de Año Nuevo en Albacete

El alcalde del municipio, Francisco Javier Jaime Espinosa, ofreció una versión muy distinta a la que ha dominado el relato público sobre la rave de Año Nuevo en Albacete. Según explicó, fueron los propios participantes quienes se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para informar de que, una vez finalizado el evento, se encargarían de limpiar la zona y retirar los residuos generados.

«Nos llamaron ellos mismos para decirnos que lo limpiaban, y cumplieron», señaló el regidor, subrayando que, pese a que inicialmente no se les permitió realizar las labores de limpieza en el momento de la disolución del evento, días después varios asistentes regresaron voluntariamente al lugar para recoger basura y dejar el entorno en perfecto estado, sin que quedara rastro visible de la celebración.

Lejos de adoptar un discurso crítico, el alcalde se mostró sorprendentemente comprensivo con lo ocurrido y evitó criminalizar a los asistentes. De hecho, llegó a afirmar que “todo el mundo debería pasar por allí para verla, era digna de visitarla”, en referencia a la magnitud de la instalación, la organización del espacio y el impacto visual del montaje, que durante días transformó una zona aislada del término municipal.

Estas declaraciones contrastan con el enorme despliegue policial activado para poner fin a la rave —que incluyó la incautación de equipos de sonido y 63 detenciones— y con el elevado coste económico del operativo, cifrado en cientos de miles de euros de dinero público. Un contraste que ha alimentado la polémica y ha abierto un debate más amplio sobre la proporcionalidad de la respuesta institucional, especialmente ante la ausencia de incidentes graves, denuncias vecinales o daños medioambientales significativos.

La postura del alcalde refuerza así una de las preguntas clave que deja el episodio: si la reacción de las administraciones fue acorde a la realidad de lo ocurrido o si, por el contrario, se impuso una respuesta desmedida ante un evento que, según el propio municipio afectado, se desarrolló sin conflictos y con responsabilidad por parte de sus participantes.

Más allá del ruido o el medio ambiente, la polémica apunta a algo más profundo: ¿Era necesario? Se incautaron equipos y se produjeron 63 detenciones pero nosotros nos planteamos… ¿Es proporcional gastar cientos de miles de euros públicos para detener un baile que no molesta a nadie?